El 8 de abril, militares y policías armados asaltaron las instalaciones de la NUAWE en Kabul y 28 oficinas regionales de la central sindical. El 21 de abril, las fuerzas de seguridad invadieron la sede de la NUAWE. El lunes 14 de mayo, la policía volvió a asaltar y precintar sus oficinas. Los miembros del sindicato han emprendido acciones de resistencia no violenta para proteger las instalaciones del sindicato. Además, la organización ha interpuesto una demanda para buscar el amparo de las garantías consagradas en la Constitución del país. Hasta la fecha, el gobierno ha ignorado el proceso judicial y ha seguido adelante con sus medidas antisindicales. Asimismo, ha ordenado al Ministerio de Justicia que cancele el registro de la NUAWE a menos que entregue al gobierno sus propiedades adquiridas legalmente. Además, el 26 de marzo interrumpió una reunión de planificación que se estaba celebrando en la oficina del sindicato. El gobierno tampoco ha respondido a las constantes peticiones de diálogo de la NUAWE.

“Los esfuerzos del gobierno por controlar las instalaciones de la NUAWE dificultan sumamente, si no es que imposibilitan totalmente, las actividades de la organización para organizar y representar a la clase trabajadora. Exigimos al gobierno que ponga fin a la intimidación y el uso de fuerzas armadas que constituyen graves violaciones de la obligación de Afganistán de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores como miembro de la Organización Internacional del Trabajo”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

La NUAWE y la CSI han denunciado las violaciones más recientes del gobierno ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.